Avanza el proyecto globalista para legalizar la eutanasia

Colombia ya lo legalizó, y avanzan proyectos en Uruguay y España.  ¿Existen  intereses  económicos o políticos detrás de estas tendencias legislativas simultaneas?  ¿Está siendo considerado reducir gastos sanitarios y de pensiones camuflandolo como “causa noble”? ¿Se esta buscando el bien común con esta avanzada legislativa internacional?

Primeramente, conviene recapitular lo que ocurre. Además de los 8 países que ya han legalizado la eutanasia, el pasado abril en Colombia, la Corte Constitucional, despenalizo el suicidio médicamente asistido para personas con enfermedades graves o incurables. Asimismo, en Uruguay el Frente Amplio elevó en 2021 un proyecto de despenalizacion del suicidio asistido y la oposición en general apoyó la iniciativa de los colorados. Ambos partidos políticos han unido fuerzas y el objetivo es que la ley sea aprobada antes de fin de año, según informa medios locales. Por su parte, en España sucede algo muy parecido, El Pleno del Congreso aceptará tramitar este martes la ley que el PSOE propone para despenalizar esta práctica, un texto que ya fue tomado en consideración en la Cámara baja en dos ocasiones anteriores. Su tramitación decayó en ambos casos por la convocatoria de elecciones. Medios de ese país informan que existe voluntad política para que se apruebe este mismo año.

Como mínimo,  parece extraño que un tópico tan controversial, que solo había sido aprobado en 8 países, de repente este aprobándose y tratándose en forma simultánea en varios este mismo año. ¿Se coincide esta tendencia con un reclamo popular mayoritario?

Con respecto a esto podemos citar estadistas: en España, los propulsores del proyecto dicen que el 84% de la población está a favor de la eutanasia. Pero la pregunta encuestada plantea una dicotomia direccionante: o muerte plácida con eutanasia o muerte con dolor y sufrimiento sin eutanasia. Pero si vamos a un estudio más exhaustivo del  2009,  se encuentran datos diferentes. La aceptación de la eutanasia baja al 54%. La aceptación es menor entre los ancianos y los pobres. entre los mayores de 65 años sólo el  37% está a favor, y pareciera que los grupos que más la reclaman son los jóvenes sanos de clase media los que quieren la eutanasia para los enfermos, viejos y pobres.

En ese sentido ocurre una situación muy parecida a la del aborto. Se suele argumentar como un reclamo de los más favorecidos pero en las encuestas eso no se ve reflejado. Si bien nosotros entendemos que claramente hay casos en que es justificable que una persona exija un procedimiento de estas características, tampoco es difícil ver que el tópico viene hace tiempo siendo impulsado en forma mediática. Basta para ello una simple búsqueda en Google para ver la cantidad de noticias que se publican sobre el tema.  Por lo general, en estos artículos se busca darle un carácter legal, convertirlo en un derecho. La eutanasia sería “el derecho a decidir sobre tu propia vida”, y ya no la participación en un homicidio. Sería una cuestión de autonomía personal. También es necesario darle un carácter científico donde los médicos usan la confianza en su profesión como argumento per se para su aceptación. Y por último es necesario el sentimentalismo, exponer a la opinión publica de manera frecuente casos extremos que muevan su emotividad. Finalmente la solución legislativa empieza a parecer más aceptable. Se crea así una presión que provoca que los enfermos y ancianos se sientan obligados a pedir su eliminación para no ser una carga insoportable para los demás

No debe olvidarse que uno de los principios de la ética es que hay actos subjetivamente bondadosos, pero que son objetivamente malos. La intencionalidad no dispensa al acto de su carácter moral y, al igual que con el aborto, no vemos que se estén dando las discusiones de fondo. Nadie se pregunta si es éticamente bueno matar con consentimiento, o en que casos. No hay debates filosóficos o jurídicos, solo se utilizan ejemplos extremos o argumentos de necesidad o utilidad social para avanzar en una legalización amplia que no tenga en cuenta las circunstancias del peticionante para no vulnerar su “derecho” a “ya no vivir”.¿Que pasa si es solicitado por una persona con problemas mentales? ¿Debe respetarse su voluntad? ¿Y si la solicitud es forzada o incentivada por familiares que abandonan al enfermo? ¿alguien investigara si ese es el caso? ¿y si la persona que lo solicita ni siquiera está enferma, o su mal es curable, debemos acceder a su pedido sin más? Considerando la cantidad de personas en estado de depresión clínica, eso sería un enorme problema. El debate político no está pasando por estas preguntas, por lo cual siempre es bueno analizar que efectos han tenido estas políticas, donde se aplicaron y quien se beneficia de ellas, a los efectos de comprender un poco mejor por qué forman parte de tantas agendas legislativas.

A ese respecto, debe señalarse que la cantidad de casos se dispara con la legalización:  En Bélgica la eutanasia se ha multiplicado por más de 10 veces en 18 años, de 235 a 2.699 casos. En Holanda la eutanasia se ha incrementado más del 400% en 18 años, de 1.815 a 7.666. En Canadá la eutanasia ha aumentado más del 250 % en tres años, de 2.838 a 7.595. La encuesta también revela que casi la mitad de las enfermeras han participado en eutanasias en Bélgica, admiten haberlo hecho sin la petición explícita del paciente. En la región de Flandes, en el año 2013, se estima que se aceleró la muerte sin petición explícita a 1.047 pacientes. En Holanda se reconocen 431 personas que les fue “finalizada la vida” sin requerimiento explícito en 2015.

A su vez,  debe señalarse que existen ganadores económicos en estos procedimientos, pues las leyes y proyectos preveen la privatización del servicio. Así. en Holanda, una clínica especializada en aplicar la eutanasia, recibe de las compañías de seguros 3.000 euros por cada eutanasia. El Parlamento de Canadá prevé una reducción del gasto sanitario de casi 100 millones de euros por la aplicación de la eutanasia en el año 2021, como consecuencia de no tener que cubrir con las pensiones de los fallecidos. No hablamos de cifras menores. No puede ocultarse que algunos países están considerando la eutanasia como forma para reducir gastos sanitarios y ahorro en las pensiones. Conforme a las previsiones estadísticas En el año 2030, 1 de cada 4 personas tendrá más de 65 años. El 75% del gasto sanitario de una persona se produce en el ultimo año de su vida, y especialmente en el último mes  y el gasto sanitario previsto crece cada año

Otra de las consecuencias suele ser la reducción de los cuidados paliativos y la asistencia a enfermos: Se calcula que el 60% de los enfermos que necesitan cuidados paliativos específicos no los reciben. El 10 % de nuestros mayores necesitan ayudas especiales. El 5% de los mayores de 65 años necesitan cuidados especializados para sus enfermedades crónicas y degenerativas. En la mayoría de los países no hay una ley que regule los cuidados paliativos, ni se garantiza el acceso universal a los mismos como parte de el sistema de salud pública. Alrededor de El 60 % de los ancianos mayores a 80 años viven solos y según las estadísticas ha aumentado el maltrato a ancianos dentro del ámbito familiar en un 45% en los últimos cinco años.

Viendo todas estas condiciones, no es ilícito especular que en muchos casos se pedirá la la eutanasia como solución a a problemas para cuya solución no interesa gastar. Problemas que en buena medida no existirían si la cultura y las condiciones sociales fueran diferentes. Familias desestructuradas, desocupación, narcisismo, soledad y aislamiento, forman un ámbito propicio para que los más débiles de la sociedad sean suprimidos incluso con su  consentimiento, y el de sus familias.

Ante estas cifras, parecen cobrar sentido las palabras de Cristine Lagarde (ex-presidenta del FMI) en un informe del año 2012, que dijo “la longevidad es un riesgo para los mercados financieros”. La longevidad es un riesgo para la estabilidad presupuestaria, con lo cual la respuesta es clara, así lo manifestó el presidente de Finanzas japonés hace un par de años (Taro Aso) cuando les dijo a los ancianos de su país que “se dieran prisa en morir  ya que suponían un elevado coste para el estado”.

Con esto no estamos diciendo que no existan casos en que no sea sensato el reclamo de una persona con una enfermedad terminal, que atraviesa un dolor insoportable, de que se concluya prematuramente con su vida,  pero si que debe analizarse pormenorizadamente los casos en que esto es permisible y las circunstancias del peticionante, siempre considerándolo una última opción, en debido respeto a la vida y dignidad  humana. Pero no nos resulta admisible que se utilice una legalización abierta, que se presenta como progreso y empatía, pero en realidad camufla la falta de voluntad en realizar reformas y gastos para ayudar a los que verdaderamente son los más vulnerables de la sociedad, en beneficio de los más poderosos. Como siempre dejamos la opinión final en cada Lector