Planes sociales, ¿derecho o castigo a los pobres?

Desde hace varios años, los así llamados “planes sociales” han ido cobrando cada vez más relevancia hasta llegar a representar una proporción significativa del presupuesto nacional, al punto que es poco probable saber que clase de consecuencias podría traer al orden y la seguridad pública la reversión de esta tendencia.

Cabe preguntarse: ¿como regula la ley estas practicas? ¿Son útiles en relación a la reducción de la pobreza que procuran conseguir? ¿Que se avizora a largo plazo con la implantación de estas políticas?

Desde el punto de vista legal, contamos con plexos que nos permiten prever hacia donde se dirige la situación. Ya la declaración de la OIT para “la justicia social en el marco de una globalización equitativa” reconoce y promueve a los estados miembros a profundizar estas medidas.  Por su lado,  si bien la legislación nacional es ambigua, en la ciudad de Buenos Aires se puede destacar la ley 4036 sobre los “derechos sociales” que el líneas generales, reconoce que es obligación pública prestar ayuda material y económica a las personas en estado de “vulnerabilidad social” la cual define en su artículo 4 de la siguiente manera :
“Entiéndase por vulnerabilidad social, a la condición social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos” Se considera “personas en situación de vulnerabilidad social” a aquellas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas,étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos.

Notase que no solo estamos hablando de pobreza material, sino que está amplia definición incluye género, etnia o cultura como condiciones per se capaces de generar la pertenencia a este grupo. Finalmente la ley ordena la creación de un registro de “desfavorecidos sociales”, cuya intención nos es incomprensible. ¿Por qué no alcanzarían los registros de la ANSES? ¿Que tipo de información albergará este registro? ¿Es posible perder la ayuda si uno es expulsado de el?

En cualquier caso, estas leyes son sólo enumeradas como ejemplo claro de hacia donde se dirige esta tendencia. Es evidente que desde los organismos internacionales se plantea que los Estados,  que deben alinearse si no quieren perder la pertenecía a los mismos y no tener conflictos diplomáticos, a legislar en dirección a producir una sociedad donde cada vez más gente reciba esta clase de “ayudas”. Es indistinto si las necesitan o no,  como vimos,  las definiciones de “vulnerabilidad social” abarcan prácticamente a la mayoría de la población.
Ya no es escondida la intención de generar sociedades cada vez más dependientes del estado,  promover mentalidades de victima, y hasta crear registros para seguimiento o quizás castigo. Un mundo de vigilancia, de mayor pobreza, de mayor dependencia.
No es casual entonces que se multipliquen en los foros internacional las propuestas de una “renta básica universal”, osea, un sueldo pagadero a toda la sociedad, trabaje o no. 

Desde las altas esferas del poder internacional este futuro suena apetecible. Ya no se habla de desarrollo económico en el sentido clásico, se omite voluntariamente la protección a los emprendimientos privadas. Todo indica que la así llamada “clase media” será sobre la cual recaiga la mayoría de la carga impositiva de este mundo soñado por millonarios. La otra parte, señalan muchos economistas,  será absorbida por una inflación galopante de todas las monedas de los Estados que se entregan a estas prácticas.

En nuestro país ya hemos tenido las experiencias del IFE y ahora del refuerzo de ingresos. Similares en concepto a lo que se propone con la idea de “renta universal”. Creo que es válido preguntarse si estás políticas solucionan la pobreza o sólo la perpetúan. ¿sirve recibir hoy una suma, ya de por sí menor,  si mañana esa misma suma no valdrá nada? ¿ vale la pena aceptar que muchas empresas medianas cierren ante la incapacidad de hacer frente a costos impositivos que solo pueden afrontar las empresas grandes, perdiendo el trabajo que estás generan,  condenando a más gente a formar parte de este sistema de “ayudas”? ¿No estamos dirigiéndonos a un mundo donde todos serán pobres y recibirán asistencias, salvo las empresas multinacionales, que dispondrán de más mano de obra barata y eliminarán toda competencia que pudiera surgir debido a la incapacidad de ahorro que la inflación genera y la dependencia de posibles competidores de planes sociales? ¿podrá haber libre libertad de expresión, si se depende económicamente de quien debe garantizarla? ¿no serán el capitalismo salvaje y el más “socializante” intervencionismo los mejores aliados contra los trabajadores?

Cada uno tendrá su opinión sobre estos temas,  pero de lo que sí podemos estar seguros desde este espacio, es que del análisis de los plexos legales en relación a este tópico podemos concluir que las personas más ricas del planeta, tanto empresas como Estados, quieren que esto pase, lo ven con buenos ojos. Cada uno decidirá si sus intereses son benefactores o egoístas, aunque la primera opción se nos antoje a nosotros bastante ingenua.